Porque contribuye a la formalización de la actividad laboral y se constituye en una garantía de cobertura del servicio de salud para los conductores y su grupo familiar amparado, los gerentes y representantes legales de las empresas de transporte público individual de pasajeros (taxi), respaldaron la acción operativa conjunta que adelantan las autoridades del AMB y los organismos de tránsito de las cuatro ciudades, para la exigencia de la Tarjeta de Control (también conocida como tarjeta amarilla), entre otros documentos requeridos a través de los controles establecidos diariamente en diversos puntos viales de la ciudad.

Ocurrió, durante la más reciente reunión cumplida entre los gerentes y representantes legales de las empresas de taxis, con directivos regionales del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte, así como la subdirección de Transporte del AMB, cumplida en la sede regional del Ministerio de Transporte

 Estuvieron presentes las siguientes personas e instituciones: Horacio Acero, director regional de la Superintendencia de Transporte; Alba Lucía Mantilla, directora territorial de Mintransporte, junto a las funcionarias de la misma entidad, Sonia Hernández y Jeaneth Franco; las delegadas del Ministerio de Trabajo, Profilia Sierra y Martha Cecilia Flórez; el subdirector de Transporte del AMB, Aldemar Díaz Sarmiento, y sus asesores jurídicos, Nelly Patricia Marín, Acdul Sierra y Eneas Navas.

 

 

Igualmente, los gerentes de: Cotaxi, Cesar Pinzón; Lusitania, Alfonso Pinto; Omaira Gómez, Radio Taxi; Miguel Domínguez, Transportes Domínguez; Jorge López, Cadiz; Anibal Navas, Radio Taxis Libres; Álvaro Benavides, Transportes San Juan; Pedro Lagos, Translagos; Yesid Torres, Flotax; José Luis Díaz, Transpiedecuesta; y María Aponte, Metropolitana.

También, los siguientes funcionarios vinculados a las empresas de taxis del área metropolitana: Josué Mendoza, subgerente de Satraes; Celina Matajira y María Larrota, tesorera y subgerente –respectivamente- de Villa de San Carlos; Paola Corzo, asistente administrativa de Taxsur; Humberto Hurtado, coordinador de transporte de Transpiedecuesta, y Jaime Blanco, coordinador administrativo de Lusitania.

 

 

Según informó la subdirección de Transporte del AMB, 132 vehículos de servicio público han sido inmovilizados durante el primer semestre del año 2017 (80 son taxis y 52 vehículos de transporte público colectivo), por infracciones como:

Infracción 587 (resolución 10800 del año 2003/Mintransporte): Cuando se compruebe la inexistencia o alteración de los documentos que sustentan la operación del vehículo y solo por el tiempo para clarificar los hechos (cuando el conductor no porta la tarjeta de control y/o la tarjeta de operación).

Infracción 590 (resolución 10800 del año 2003/Mintransporte): Cuando se compruebe que el equipo está prestando un servicio no autorizado (operando fuera de su radio de acción).

Infracción 587 (resolución 10800 del año 2003/Mintransporte): No portar los documentos de transporte que sustentan la operación de los equipos.

Infracción C35 (leyes 769 y 1383/Código Nacional de Tránsito): No realizar la revisión técnico-mecánica, o cuando aún portando los certificados correspondientes, no cuenta con las condiciones requeridas técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes.

Infracción D02 (leyes 769 y 1383/Código Nacional de Tránsito): Conducir sin portar los seguros ordenados por la Ley.

 

 

 

En total, conjuntamente con las autoridades de tránsito de las ciudades metropolitanas, se han ejecutado 142 operativos durante el año 2017.

 

 

Cabe recordar que la Tarjeta de Control para los taxis se expide por parte de cada empresa, previa verificación de la presentación de soportes en regla que acrediten el pago de la seguridad social a cargo del conductor. Al AMB le corresponde hacer seguimiento a la operatividad del servicio público de transporte y verificar si el conductor porta o no la Tarjeta de Control expedida por la empresa de taxis; comprobando de esta manera que se haya cumplido el procedimiento de seguridad laboral determinado por la Ley.

El AMB seguirá cumpliendo lo reglamentado por el Ministerio de Trabajo mediante el Decreto 1047 de 2014, y la Resolución 2634 de 2014 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social; que se configuran en las normas mediante las cuales se establecen las medidas necesarias para garantizar a los conductores de taxi la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, desde el 1 de septiembre de 2014.

Oficina de Prensa y Comunicaciones / AMB/