Bucaramanga, junio 4 de 2015: Seis empresas dedicadas a la quema de huesos, procesamiento de subproductos de origen animal y curtiembres, fueron ocupadas por funcionarios de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, en cumplimiento de un operativo especial de control de olores ofensivos.
Tras las diligencias oficiales, a una de esas compañías dedicada a la quema de huesos, se le impuso medida preventiva consistente en suspensión provisional de sus actividades.
A las cinco restantes se les formuló un requerimiento para advertirles sobre la situación que afecta al medio ambiente, incomoda a la comunidad y podría estar generando problemas en la salud de los ciudadanos metropolitanos.
Todas las empresas visitadas por el grupo de Aseguramiento Legal de la Subdirección Ambiental del AMB, están localizadas en la Zona Industrial de Chimitá, entre Bucaramanga y Girón.
Al revelar detalles sobre este operativo, la directora del AMB, Consuelo Ordóñez de Rincón, explicó que esta acción es producto de una paciente labor de seguimiento que se adelantó con rigor y responsabilidad para contrarrestar la operaciones de empresas que muy probablemente son las generadoras de olores fétidos que molestan tanto a la comunidad.
“Evidenciamos que no tienen los equipos necesarios para el control de las emisiones y particularmente para el control organoléctrico y al no carecer de estos elementos, cada vez que prenden los hornos todas las emisiones salen y se dispersan a los barrios que se han sentido afectados por estas emisiones”, sostuvo Ordóñez de Rincón.
En este mismo sentido, la directora del AMB hizo un llamado a los ciudadanos para que continúen denunciando y de esta manera la entidad a su cargo obligue a las empresas a que se empiecen a preocupar por mejorar sus prácticas ambientales.
“Es muy importante que la ciudadanía nos ayude a identificar algunas actividades clandestinas que también están generando este tipo de afectaciones”, agregó la funcionaria.
Estas las diligencias de control de olores ofensivos continuarán durante el resto de la semana “en atención a la gravedad de la situación, reiteradamente denunciada por los ciudadanos”.
Los nombres de las empresas se omiten para garantizar el derecho a la defensa, pues de inmediato se inicia un proceso administrativo y sancionatorio, con base en la legislación ambiental.