Durante la socialización de lineamientos para la operación y conformación de mesas migratorias, la Cancillería presentó un detallado análisis del contexto actual de las principales ciudades del país que albergan población migrante. En este contexto, se resaltó que Bucaramanga ocupa el noveno puesto con más de 60 mil migrantes residiendo en su territorio. Esta información permite comprender la magnitud del fenómeno migratorio en la región, subrayando la importancia de establecer mesas migratorias eficientes y colaborativas para abordar adecuadamente las necesidades y desafíos que surgen en el contexto de la migración en la ciudad.

«Uno de los propósitos esenciales del Área Metropolitana es buscar espacios de concertación para que las diferentes entidades puedan lograr consensos en temas puntuales que afecten a los cuatro municipios al tiempo como lo es la migración. En esta capacitación nos compartieron herramientas a nivel nacional que podemos adoptar en cada uno de los municipios, de tal manera que se puedan generar mesas de coordinación que permita atender de manera asertiva los fenómenos migratorios», señaló Daniel Rojas, coordinador de Hechos Metropolitanos del AMB.

La representación institucional presente en la capacitación fue aplaudida por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos GIGMM local de Santander, plataforma nacional coliderada por  el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  ACNUR y la Organización Internacional para los Migrantes. 

«Para el GIFMM y las organizaciones de cooperación presentes en el territorio es importante que el Área Metropolitana avance en el abordaje de los asuntos migratorio a nivel local. Es clave que se involucren todas las instituciones; territoriales, descentralizadas y sector privado. Vamos a estar dispuestos complementar esta respuesta que pueda dar la institucionalizad como lo hemos venido haciendo desde la crisis migratoria con Venezuela», enfatizó Cristian Cano, coordinador del GIFMM en Santander. 

Como conclusión a la jornada, se dejó manifestada la disposición de cooperación institucional para lograr una verdadera integración de la gestión migtatoria, entendiendo que es necesario un enfoque multidimensional que abarque aspectos legales, sociales, culturales, y de protección de derechos humanos.