Bucaramanga, martes 14 de mayo de 2013: Importantes acuerdos en beneficio de la defensa y preservación de los recursos naturales lograron en las últimas horas las autoridades ambientales CDMB y AMB, luego de una reunión celebrada en el despacho del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Gabriel Uribe y en la cual también participaron delegados de la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Santander y el Senador santandereano Juan Manuel Galán Pachón.
Dichos acuerdos se sustentan en cuatro puntos fundamentales:
1. La necesidad de acabar la controversia verbal y la discusión legal a través de los medios de comunicación.
2. Exaltar y ratificar la labor técnica y ambiental que desde hace más de 40 años desarrolla la CDMB
3. La legalidad de la que gozan todos los actos administrativos que reconocen al Área Metropolitana de Bucaramanga como nueva Autoridad Ambiental Urbana.
4. El propósito esencial de duplicar las acciones de conservación de los ecosistemas, concertando las competencias de cada entidad y garantizando un trabajo coordinado y armónico, tanto en lo urbano como en lo rural.
En medio del respeto y el ánimo conciliatorio, inicialmente los asistentes a la reunión dieron lectura al contenido de la consulta presentada ante el Honorable Consejo de Estado, con el objetivo de definir cuál es el medio de prueba idóneo para confirmar la existencia de una población superior al millón de habitantes, que requieren las Áreas Metropolitanas para ejercer las funciones como Autoridad Ambiental Urbana.
Allí se destacó que la consulta contiene una descripción general de la situación y siete preguntas que permitirán definir si la población debe valorarse a partir del único Censo Oficial elevado a ley (realizado en 1985) o sobre la Certificación del DANE que se expide anualmente mediante un sistema complejo de proyecciones a partir del análisis intercensal.
Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente consulta si con la expedición de la Nueva Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas que contempla como función de estos entes administrativos la de ejercer las competencias de autoridad ambiental urbana, remitiendo a la ley 99 de 1993, es necesario alcanzar el límite mínimo de un millón de habitantes o pueden ejercer sin requisito poblacional. Esta última pregunta es aplicable para los casos de Cúcuta y Pereira que aún no han asumido la Autoridad Ambiental pero según la interpretación de la ley podría ser aplicable.
En concreto, se analizó la compleja situación de la Gestión de los Residuos Sólidos, y en particular lo relativo al cierre de El Carrasco como sitio de recepción de los desechos. La CDMB aseguró que se mantiene en su posición de Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y en exigir el cierre a partir del 30 de septiembre; mientras el AMB sostiene que entre las funciones de las Autoridades Ambientales está la de Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica a los Municipios, por lo que su acción se concentra en promover una alternativa distinta a relleno sanitario y un cambio de cultura en la comunidad para que se reduzca la cantidad de materiales que deben enterrarse y se promueva el reciclaje y la recuperación de elementos de reuso. Dado que las posiciones no son contrarias sino complementarias, el Ministro instó al trabajo conjunto y coordinado para solucionar la compleja situación que puede derivarse de la inexistencia de otro sitio o sistema diferente a El Carrasco, debidamente habilitado antes del 30 de septiembre.
Respecto a la necesidad de proteger el Páramo de Santurban, los bosques de roble y demás zonas de recarga hídrica, las partes también coincidieron en la necesidad de destinar recursos de la sobretasa que aporta la Zona Urbana del Área Metropolitana de Bucaramanga, como quiera que el abastecimiento de agua depende de la protección de estos ecosistemas.
En cuanto a los recursos correspondientes a la sobretasa ambiental, el Ministro tenía información del giro compartido que acogieron los Alcaldes del Área Metropolitana y aunque la CDMB presentó su preocupación por la reducción de ingresos, se evidenció que al menos para este año obtendrá ingresos superiores a 20.000 millones, lo que le permitirá mantener su operación mientras se definen opciones, incluso, la de transferir algunos funcionarios al AMB.
Después de 90 minutos de reunión, los puntos de acuerdo se establecieron en los siguientes aspectos:
a) Con la solicitud de Concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se pedirá la realización de una Audiencia donde las partes puedan exponer sus respectivos criterios técnicos y jurídicos. Ambas instituciones estuvieron conformes con la propuesta.
b) Hubo concepto en torno a que el Concepto que emita la Sala de Consulta y Servicio Civil no es vinculante y aunque las demandas que actualmente cursan en el Tribunal Administrativo de Santander y que tienen segunda instancia en el mismo Consejo de Estado no son desistibles, las dos entidades aceptan acoger el concepto una vez se emita, en tanto se produce un fallo de fondo.
c) Reconociendo el principio de legalidad de los actos administrativos, mientras se produce el concepto de la Sala de Consulta y teniendo en cuenta que no puede detenerse la gestión ambiental, las partes iniciaran una agenda de concertación que tendrá su primer encuentro el próximo viernes en la Gobernación de Santander y la siguiente semana contará con la participación de funcionarios del propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
d) Las partes acuerdan suspender cualquier disputa pública y ante los medios de comunicación y solucionar sus controversias en la mesa de concertación, reconociendo que la comunidad no puede verse perjudicada por los enfrentamientos institucionales.
Las dos Entidades agradecieron al Señor Ministro su intervención y se espera que la mesa de diálogos que inicia el próximo viernes ofrezca los resultados esperados.
